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Desde la Ley Chehade hasta la mal llamada Ley Beingolea, desde los escándalos de la DINI hasta el chuponeo al congresista Galarreta, este gobierno que empieza su último año ha tenido dos características constantes: sus iniciativas legales contra Internet y el abuso de cualquier resquicio de posibilidad de interceptación de las comunicaciones.

Adivinen qué: esta vez, casi como despedida, se juntaron estas dos infames características del régimen en un mamotreto legal publicado en medio de un feriado que el mismo gobierno se había sacado de la manga un par de dias antes. Estamos hablando del Decreto Legislativo 1182, rápidamente bautizado como Ley del Gobierno Stalker o #LeyStalker para abreviar, emitido por el presidente Humala este lunes 27 de julio.

¿Por qué el nombrecito? Porque el DL 1182 convierte al gobierno, para todos los efectos, en una especie de acosador que quiere saberlo todo sobre ti, especialmente, dónde estuviste y con quién. Como en el sueño más delirante de un acosador de la vida real, esta vez el régimen humalista se ha asegurado de que toda esa información esté a su disposición cuando le dé la gana.

El Ejecutivo lanzó su decreto amparado por las facultades legislativas que el Congreso le dio para normar en materias de seguridad ciudadana. Con la excusa de luchar contra las bandas criminales, el gobierno ha decidido —unilateralmente, sin debate público y contraviniendo las tendencias legales globales— que los datos de geolocalización de las los ciudadanos peruanos no constituyen secreto de las comunicaciones y, por tanto, no están protegidos por la Constitución.

Los dos principales abusos consagrados por la #LeyStalker son los siguientes. 1) El gobierno puede tener acceso inmediato, sin necesidad de una orden judicial, a los datos de localización de cualquier dispositivo móvil (no solo smartphones) de cualquier persona. Los operadores como Claro o Telefónica estarán obligados a entregarlos en tiempo real. 2) Además, los operadores estarán obligados a retener, hasta por tres (03) años, toda la información derivada de nuestras telecomunicaciones: quién habla con quién, por cuanto tiempo y desde dónde. Esto, con la finalidad de que el gobierno les pueda pedir estos datos en cualquier momento de esos tres años.

La alerta sobre la Ley del Gobierno Stalker llegó nada menos que desde la EFF (Electronic Frontier Foundation), quizás el organismo de defensa de derechos digitales más importante del mundo. La EFF recurrió al abogado especialista en temas digitales, Miguel Morachimo de Hiperderecho, quien explica que el error más evidente de la ley es asumir que los datos de geolocalización no están protegidos por el derecho a la privacidad de la Constitución Peruana. “Y el hecho de que fue directamente aprobada por el Ejecutivo sin un debate previo y en medio del feriado de Fiestas Patrias, es especialmente antidemocrático”.

Ya el ministro José Luis Pérez Guadalupe había adelantado que se pedirían facultades de este tipo en vista que, para encontrar el celular de un extorsionador “se tiene que ir a la Fiscalía y de allí al juzgado, lo cual puede tomar semanas y hasta meses”. O sea, para solucionar el problema de coordinación entre los poderes del Estado, la respuesta es atentar contra el derecho a la privacidad de TODOS los peruanos, por si alguno de nosotros decide cometer un crimen. La pesadilla de Minority Report convertida en el sueño de Pérez y Humala, nuestros nuevos stalkers.

Más información legal sobre el DL 1182 en Hiperderecho.

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